miércoles, 9 de enero de 2019

Convenio entre Defensoría y JUCAID

Fue ratificado el convenio entre la Defensoría del Vecino de Centenario y la Junta Coordinadora para la Atención Integral de la Persona con Discapacidad (Jucaid) y durante enero se comenzará a tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a todas las personas que lo soliciten en la ciudad. El Área Social, a cargo de Fernán Marilef, será el encargado de recibir la documentación requerida para iniciar la solicitud.
Durante la mañana de hoy fue entrevistada Daniela Martínez, Directora General de Juntas Evaluadoras del Jucaid, quién brindó los detalles del acuerdo. La funcionaria explicó cuáles son los derechos que garantiza la posesión del CUD y los requisitos necesarios para acceder al mismo. Por otro lado, mencionó a Marilef como referente local en Centenario.
Esta en el espíritu de la Defensoría perseguir como objetivo el empoderamiento de las personas con discapacidad a fin de garantizar su integración e igualdad plenas. Precisamente, allí donde encontramos barreras se busca diseñar apoyos que ayuden a tender puentes para que los servicios y entornos sean accesibles para todes.
Quienes soliciten el CUD deberán acercarse personalmente martes y jueves, de 9 a 12, a la sede de la calle Paraguay 64 de Centenario.


lunes, 7 de enero de 2019

Fallo a favor de las defensorías

La Defensoría del Vecino de Centenario, junto a defensorías y otros organismos constitucionales del país y que conforman la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), adhirieron a la presentación concretada contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuestionar la legitimidad de un recurso presentado frente a un aumento tarifario en la provincia del Chaco. La denuncia fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Defensor del Pueblo de Chubut, Héctor Siomionati vicepresidente de Adpra, informó que la ADPRA se movió en lote contra una dura resolución del máximo órgano judicial que le desconoció legitimidad a una presentación del Dr. Gustavo Corregido, defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, quien había accionado legalmente por la irracional suba de tarifas del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco – Corrientes.
Por ello, los defensores del Pueblo de las distintas jurisdicciones del país no solamente ratificaron su adhesión a lo actuado por el ombudsman del Chaco sino que también se elevó una presentación ante la CIDH por la resolución de la Corte. Consideraron que ésta “entiende erróneamente que carecemos de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por una autoridad nacional por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros”.
Gialluca expresó que esta decisión de la CSJN “vulnera un genuino reclamo en un contexto de Federalismo; que no se está preservando y menos aun desconociendo la legitimación para intervenir de organismo de la Constitución en defensa de los intereses colectivos de todos los ciudadanos, más aun cuando la Defensoría del Pueblo de Nación continúa aún vacante”.